Presentación -- Cronología del proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con las Farc-Ep 1998-2001 -- Capítulo 1: Escollos en el proceso de paz -- Capítulo 2: Audiencia pública internacional dobre medio ambiente y cultivos ilícitos -- Capítulo 3: Farc-ep, condenan unilateralmente los diálogos -- Capítulo 4: un llamado para afianzar el proceso Capítulo 5: Intercambio de propuestas sobre el cese al fuego y hostilidades -- Capítulo 6: sorteando obstáculos -- Capítulo 7: una cita con la historia.

Los diálogos de paz tuvieron varios inconvenientes, empezando por los roces del ministro de defensa, altos mandos militares con el presidente Pastrana y la decisión de otorgar una zona desmilitarizada en la región de El Caguán para llevar ahí los diálogos sin un cese al fuego generalizado. Una vez la zona fue creada las FARC-EP tomaron control de la zona, imponiendo sus propias 'leyes', a falta de control militar del gobierno. Las Fuerzas Militares colombianas acusaron a las FARC-EP de utilizar la zona para recuperarse, fortalecerse militar, política y financieramente. Las FARC-EP también desconocieron acuerdos firmados, como el Acuerdo de Caquetania, alegando que el establecimiento de una comisión internacional de verificación no tendría facultades para vigilar con autoridad el comportamiento de las partes. En junio de 2001, las FARC-EP liberan 242 militares capturados pero el gobierno no libera los guerrilleros capturados. El gobierno Pastrana, constitucionalmente tenía que ejercer control jurídico y político sobre la zona desmilitarizada (zona de distensión), pero con el actuar de las FARC-EP y la permisividad de Pastrana, la presión de sectores de la dirigencia política, de los gremios y de la cúpula militar creció contra el presidente Pastrana. Las FARC-EP por su parte buscaban los cimientos para alcanzar el estatus de "beligerancia", mientras culpaba al gobierno de no combatir a sus principales enemigos, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los paramilitares han intensificado considerablemente sus acciones entre 1999 y 2001, y serían responsables de 449 masacres y del 80 % de los muertos según el Centro Nacional de Memoria Histórica. En 1999, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera que « los grupos paramilitares se han convertido en el brazo ilegal de las fuerzas armadas y de la policía, para quienes realizan la labor sucia que las fuerzas armadas y la policía no pueden hacer por ser autoridades sujetas al imperio de la ley » (tomado de la fuente)