02714nam a2200289Ia 450000000250000000300090002500500170003400700030005100800410005402000320009502000160012704000360014304100080017904100080018704300090019508200160020408400140022024501700023425000230040426400570042752018150048465000350229965000140233465000230234871000230237171000300239403220nam a22003977a 4500CO-BoCMH20260808025723.0ta210615s2017    ck     gr|||| 00| 0 spa d  a9789589861448;9789589861479  q(Volumen 3)  aCO-BoCMH bspa erda cCO-BoCMH0 aspa0 hspa  as-ck04a323.4bS883  aAVRE DS0610aStop wars - Paren la guerra contra los defensores (as) episodio III : protección en Colombia: la amenaza fantasma / Programa Somos Defensores ; Asociación MINGA.  aPrimera edición. 1aBogotá, D.C. :bPrograma Somos Defensores, c2017.3 a"La protección física y política para personas o grupos de personas amenazadas en Colombia, es quizás una de las mayores exigencias hechas a los gobiernos nacionales en las últimas dos décadas. A través de diversas acciones que partieron desde las denuncias, acciones urgentes, alertas tempranas, misiones humanitarias, comisiones interinstitucionales y mixtas, mesas de interlocución y muchas otras iniciativas; la sociedad civil colombiana, acompañada de la comunidad internacional, ha incidido ante los gobiernos y Estado colombiano para la construcción de una política pública de garantías que permita el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Como consecuencia, las instancias gubernamentales de alto nivel rsponsables de la política de derechos humanos, como la Vicepresidencia, la Consejería para los Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, hayan dedicado importantes esfuerzos en ordenar normatividad, instituciones y recursos económicos para la protección de personas en riesgo, quizás con la apuesta de que ello era suficiente para enfrentar la problemática. Desde otras instancias del Estado, también se ha reforzado esta búsqueda, por ejemplo, las diversas Sentencias de la Corte Constitucional que han contribuido a ampliar ese marco normativo con miras a la protección integral. Sin embargo, la complejidad del contexto socio político y el incremento sostenido de las amenazas, asesinatos y atentados en los últimos años, y la falta de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación para saber de su origen, ha provocado que la demanda de protección de sectores campesinos, indígenas, sindicalistas, mujeres, afrodescendientes, periodistas, comunales, creciera exponencialmente" (tomado de la fuente).17aDefensores de derechos humanos17aImpunidad17aLíderes sociales2 aAsociación MINGA2 aPrograma Somos Defensores