TY  - BOOK
TI  - Revista Noche y Niebla Nº 25 :panorama Nacional de Derechos Humanos y Violencia Política en Colombia /Cinep,
SN  - 01233637
U1  - 303.62 
PY  - 2002///
CY  - Bogotá
PB  - Cinep, 
KW  - Crímenes de lesa humanidad
KW  - Masacres
KW  - Violencia política
KW  - Colombia
N1  - Siglas -- Síntesis del Marco Conceptual adoptado por el Banco de Datos -- cifras de la violencia -- violaciones a los derechos humanos -- infracciones graves al DIH -- violencia Político - social, y acciones bélicas durante el tercer trimestre de 2002: Julio -  Agosto - Septiembre -- Anexo: Listado general de víctimas del trimestre
N2  - ¿Contra quién es la guerra? Cien días críticos para los derechos humanos? El balance se realiza con la información registrada por las tres bases de datos, especializadas en el seguimiento a las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, desplazamiento forzado y violaciones a los derechos de los trabajadores sindicalizados, respectivamente. Debemos anotar que los datos aquí consignados son parciales debido a que varios hechos sucedidos (especialmente en algunas regiones) no han podido ser registrados por falta de condiciones y garantías para la investigación y la denuncia, que de paso sea dicho, constituye una de las características del actual Estado de Conmoción; es decir, que la información respecto de las violaciones a derechos humanos es filtrada y controlada por la fuerza pública, algunas autoridades de control y los medios masivos de comunicación. Debemos señalar que a la fecha, sólo conocemos anuncios de postulados axiológicos por parte del gobierno nacional respecto de la política global de derechos humanos. No se tiene información sobre el Plan de Acción Nacional para la promoción y garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ni la política pública para la atención integral a la población desplazada, ni los mecanismos para la protección de los líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos. En cien días de gobierno ha quedado claro que el unanimismo logrado en torno al liderazgo de Uribe Vélez, y especialmente frente a las tesis de recuperación del orden público y la seguridad democrática, es asumido por el gobierno como un cheque en blanco para el ambiente autoritario de su gestión y para la imposición más que para la concertación, de sus políticas y modelo de Estado. De igual forma, y por lo observado en estos primeros cien días, amplios sectores de la sociedad parecen estar dispuestos a legitimar y participar en la construcción de un Estado autoritario y políticamente excluyente. Cada vez se reduce, más y más, la llamada "masa crítica" en la sociedad. El decreto 2002, expedido en el marco del Estado de Conmoción Interior, contradice convenios internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario y limita derechos fundamentales de los colombianos relacionados con el debido proceso, la presunción de inocencia, la distinción entre combatientes y no combatientes y la no-discriminación. Creemos, junto con otras organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, que las medidas que el gobierno adopte para establecer sus políticas y estrategias de seguridad y control del orden público, deben estar basadas en el pleno e irrestricto respeto a los tratados internacionales vinculantes para Colombia. Las consideraciones y las medidas específicas del decreto 2002 incriminan a la población civil como la responsable del conflicto; se la señala como abierta colaboradora de los grupos al margen de la ley, y por tanto, es contra ella que se dirigen las medidas. Resulta clara la intencionalidad de estigmatizar y criminalizar a la población civil, de manera particular aquella que vive en zonas de presencia de los grupos insurgentes. El peso riguroso de la represión se está aplicando a los que no son y las medidas no apuntan específi-camente a conjurar las causas que fueron señaladas como motivo de la perturbación. Durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 2002, el Banco de Datos registró un total de 690 casos (145 por violaciones a los derechos humanos; 232 infracciones al derecho internacional humanitario; 262 hechos de violencia político social y 226 acciones bélicas). Este universo de casos arrojó un total de 1.908 víctimas (620 por violaciones a los derechos humanos; 602 por infracciones al derecho internacional humanitario; 601 por violencia política social y 501 en acciones bélicas).. (tomado de la fuente)
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