text ck 2013 Primera edición. monographic spa ; 64, 44 páginas : ilustraciones, 22 cm. "El conflicto interno armado que vive Colombia desde hace más de medio siglo ha dejado miles de víctimas de crímenes de Estado. Durante la vigencia del Estatuto de Seguridad, al finalizar la década de 1970, fueron detenidas y torturadas por militares, tan sólo en Bogotá, más de 5.000 personas y, según un informe del Ministerio de Defensa, más de 60.000 personas fueron detenidas por militares durante el primer año de la administración de Turbay Ayala (1978-1979). Entre 1965 y 1986 fueron expedidos 42 decretos facultando a los tribunales militares para procesar a civiles en medio de juicios sin garantías para los procesados. A partir de los primeros años de la década de 1980, la 'guerra sucia' irrumpió con mayor fuerza en la vida colombiana: las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Militares y otros cuerpos de seguridad del Estado se dispararon vertiginosamente y la estrategia de control territorial a sangre y fuego de los grupos paramilitares inició su marcha. Entre 1988 y septiembre de 1990 fueron perpetradas 313 masacres, de las cuales 287 fueron cometidas por las Fuerzas Militares en conjunto con grupos paramilitares. En la década de 1990, en el país fueron asesinados cada año por agentes estatales una cifra muy superior a las personas ejecutadas extrajudicialmente en Chile durante los 17 años de dictadura del general Augusto Pinochet. Amnistía Internacional consideró que, en Colombia, entre 1986 y finales de 1993, 20.000 personas han perdido la vida por motivos políticos, la mayoría de ellas a manos de las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares aliados a éstas. En la última década, la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, desde el alto gobierno y las Fuerzas Militares, promovió la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas 'falsos positivos', a tal punto que la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó que "la Fiscalía General ha acumulado denuncias, entre ellas las relativas a 4.716 víctimas de homicidios presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, muchos de los cuales corresponden al tipo de ejecuciones conocidas como falsos positivos". Durante los dos primeros años del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se registraron más de 5.000 detenciones arbitrarias, practicadas de manera masiva. Las víctimas del desplazamiento interno, fruto de la estrategia militar y paramilitar de control de territorio y despojo de tierras, son más de 6 millones. Durante la primera década de 2000, la expansión del paramilitarismo -con su rosario de masacres, violaciones sexuales, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento interno y despojo de tierras- se dio bajo los auspicios de las Fuerzas Militares y la complicidad de las élites económicas y políticas regionales, lo que consolidó verdaderos Estados locales de las 'autodefensas', como lo han reconocido algunos exjefes paramilitares. La inmensa mayoría de las víctimas de crímenes del Estado han sido campesinos, pobladores de sectores populares, comunidades indígenas y afrodescendientes, miembros de organizaciones sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos. Movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos de oposición -como la Unión Patriótica- han sido exterminados por las Fuerzas Militares y sus grupos paramilitares. Entre 2002 y 2005, más de 800 sindicalistas fueron asesinados. Las doctrinas y manuales de las Fuerzas Militares que están al origen de ese gran número de crímenes cometidos siguen vigentes. Los grupos paramilitares no han sido efectivamente desmovilizados y persisten en su criminal accionar contra la población. La impunidad de las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos por la Fuerza Pública y los grupos paramilitares han sido una constante histórica en Colombia, que se ha visto reforzada con la reforma constitucional sobre el fuero militar. Para el movimiento de víctimas y para el movimiento de derechos humanos, ninguna negociación para la superación del conflicto armado interno puede sentar las bases de una paz sostenible y duradera si no enfrenta decididamente los crímenes cometidos por las Fuerzas Militares, los cuerpos de seguridad y los grupos paramilitares, si el Estado no reconoce y condena estos crímenes, si no se depura la administración de justicia y si no se llevan a cabo las reformas legales e institucionales que garanticen que estos crímenes no se volverán a cometer. Una negociación que no aborde y resuelva esos problemas solo garantizará, a lo sumo, la desactivación de unos de los actores del conflicto armado, pero no sentará las bases de una paz duradera y sostenible, como lo anhela el pueblo colombiano. El Movimiento de víctimas y el movimiento de derechos humanos saluda el avance en los diálogos de paz, pero recuerda que ninguna solución política al conflicto armado interno para la construcción de una paz duradera puede basarse en: la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra; la negación a las víctimas, sus familiares y la sociedad de sus derechos a la justicia, verdad y reparación; el desprecio por los principios básicos del Estado de derecho; y la permanencia de las doctrinas, políticas, estructuras y prácticas que están al origen de la comisión de estos crímenes. Como lo ha señalado el secretario general de las Naciones Unidas, en su informe de 1999 a la Asamblea General, es indispensable llevar ante la justicia a los autores de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales para desalentar la comisión de nuevos delitos y reforzar las esperanzas de paz: "toda apariencia de impunidad podría convertirse en un verdadero obstáculo para la búsqueda de una solución pacífica al conflicto mediante la negociación". El secretario general también ha indicado que, en los procesos de paz, debe respetarse plenamente el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a obtener reparación. Aún en procesos de transición o de superación de un conflicto armado interno, el Estado colombiano tiene obligaciones bajo el Derecho internacional consuetudinario (derecho de gentes), los tratados5 y otros instrumentos internacionales relativas a: • La represión de las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. • Garantizar efectivamente el derecho -individual y colectivo- de las víctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y la reparación. • Garantías de no repetición, incluidas reformas institucionales. Es un principio general de Derecho Internacional y universalmente reconocido que los Estados deben ejecutar de buena fe los tratados y las obligaciones internacionales que dimanan de éstos, así como a las obligaciones que tiene el Estado en virtud del Derecho Internacional Consuetudinario (principio pacta sunt servanda). Este principio general del Derecho Internacional tiene como corolario que las autoridades de un país no pueden argumentar obstáculos de derecho interno para sustraerse a sus compromisos internacionales y las normas constitucionales, legislativas o reglamentarias, o las decisiones de tribunales nacionales no pueden ser invocadas para no ejecutar obligaciones internacionales o para modificar su cumplimiento. Este principio general del derecho de gentes ha sido codificado en los Artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la cual la República de Colombia es Estado parte. En materia de derechos humanos y crímenes bajo el Derecho Internacional, este principio ha sido reiterado por la jurisprudencia internacional de derechos humanos" (tomado de la fuente). Introducción -- Justicia -- Verdad -- Reparación -- Garantías de no repetición. general Incluye referencias bibliográficas. s-ck justicia y reparación Medidas de esclarecimiento Verdad 323.4 P965 AVRE FV CO-BoCMH 210620 20260808025745.0 spa